América Latina es una de las regiones del planeta con mayor desigualdad en cuanto al acceso y la distribución de la tierra. Una serie de reformas y contrarreformas agrarias han hecho de este un problema complejo que compromete a las más de 125 millones de personas que dependen directamente del campo para su sustento.
Sin embargo, el problema de distribución de tierras no es un fenómeno nuevo. Al contrario, es una disyuntiva con matices históricos que se sigue acrecentando a lo largo y ancho de Iberoamerica. Desde las haciendas señoriales que establecieron los españoles, portugueses y alemanes en sus empresas colonizadoras, los indígenas americanos junto con los esclavos traídos del África, eran explotados en las grandes plantaciones de caña de azúcar, algodón y café. Mas adelante, e incluso luego de los procesos independentistas, estos latifundios ahora en manos de unos pocos españoles y criollos adinerados, mantuvieron su sistema feudal de explotación en la que lo más importante era la mano de obra gratis y la usurpación de predios. Para estos señores feudales era suficiente una orden de desalojo y algunos soldados para expropiar las tierras que junto con sus ocupantes pasaban automáticamente a ser propiedad del nuevo dueño, legalizando así el delito de expropiación. No siendo esto suficiente, eran obligados a entregar una parte de su producción a manera de impuesto en lo que se denominaba “gramaje” y a trabajar en los predios del nuevo patrón.
A pesar del inexorable paso de los siglos y de la naciente era moderna, el sistema de concentración de tierras se ha mantenido de algún modo mas o menos igual. Ahora con los incentivos gubernamentales, las multinacionales y agroindustrias tienen los ojos puestos en el jugoso negocio de la tierra. Grandes plantaciones con monocultivos se extienden como alfombras en lo que fueran bosques nativos, comunidades indígenas o poblaciones rurales. Y la verdad sea dicha, la mayoría de programas de gobierno de carácter rural se enfocan en mega proyectos agropecuarios en donde afloran los subsidios y la titulación de tierras de dudosa procedencia, sin pago de impuestos al patrimonio de la tierra ni demostración clara de los títulos de propiedad de la misma. Es así como el narcotráfico ha encontrado allí un espacio para su lavado de activos y el control territorial.
Pero los intereses por la tierra van mucho más halla del plano económico. Las campañas políticas siempre prometen a los pequeños agricultores mejores vías de acceso, créditos “blandos”y programas de apoyo para sacar el campo adelante a cambio de votos. También para los modernos señores feudales la tierra es sinónimo de prestigio y estatus social, incrementando de esta manera los grandes predios improductivos en Latinoamérica y el desplazamiento de campesinos hacia las grandes ciudades.
Todos estos factores hacen que las condiciones de pobreza y desigualdad sean aun más acentuadas en el área rural. Según la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe, cerca del 80% de los propietarios en el campo poseen el 18% de la tierra, mientras que el 6% de los dueños controlan más del 80% de los predios rurales. Esto ha llevado a los grandes éxodos rurales hacia las periferias y los barrios deprimidos de las urbes y de las poblaciones intermedias en donde carecen de muchos de los medios básicos de subsistencia. Así mismo, las grandes agroindustrias de la palma aceitera, la soya, el maíz, la caña y el café, para mencionar solo algunas, generan pocos empleos mal pagos, sin muchos beneficios para los empleados y poco estables para el sostenimiento de una familia en el campo.
Los procesos de concentración de la tierra siguen a pasos agigantados en América Latina y las políticas rurales priorizan el apoyo a los grandes empresarios del campo. De las reformas agrarias pocos gobiernos están dispuestos a hablar porque sus intereses están muy ligados a que este modelo de propiedad semifeudal se mantenga. Los productos de consumo básico ahora se tienen que importar y las economías locales no ven los beneficios ni reciben los dividendos de las grandes explotaciones que solo producen para exportar. La selva se degrada y el desmantelamiento de las comunidades campesinas genera una oleada de miseria e inconformidad para los ciudadanos rurales que siguen siendo considerados de segunda categoría y cuyos derechos muy pocos tienden a respaldar. Es una tragedia que se vive día a día en los campos de Latinoamérica.
